RESUMEN EJECUTIVO
Se estudia el antecedente penal como una forma de etiquetamiento social en la que el Estado costarricense aplica un modelo de política criminal restrictivo, pudiendo incurrir en una forma de “doble pena” no sólo en el ámbito penal, sino social en general pues esto influye en la reinserción de las personas que han sufrido una condena por un hecho punible.
Además, ese “tatuaje” del antecedente influye directamente en la imposibilidad de reinserción laboral de esta parte de la población, pues se ha convertido en una práctica habitual el solicitar la denominada “hoja de delincuencia” o de antecedentes, como requisito de la mayoría de los empleadores en el país.
Si bien es cierto la normativa en el tema del Registro Judicial varió, se está aplicando aún una forma “escalonada” según sea el delito cometido para así eliminar los antecedentes de la persona, manteniendo aún así un rastro que impide la colocación laboral inmediata, pues la sociedad costarricense, histórica y culturalmente ha rechazado la creencia de la rehabilitación criminal, por lo que esos rezagos hacen que las personas no tengan posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral y por ende que sirva este factor como detonante de la reinserción.
El evidenciar por medio de esta investigación académica, que el etiquetamiento social en el caso de las personas que han sufrido juzgamientos por parte de los tribunales costarricenses y por ende se incluyan en el registro judicial, es un factor que demostraría la vulneración a normas de orden constitucional, reflejando así el poco desarrollo de políticas criminales inclusivas que el Estado ha propiciado, mezclado esto con la pobre mentalidad de cambio que predica una República social de Derecho
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