viernes, 8 de mayo de 2020

La Introducción de la causal de Flagrancia como Presupuesto de la Prisión Preventiva y su Incidencia en la Seguridad Humana como Derecho Humano





RESUMEN EJECUTIVO


 La delincuencia es indiscutiblemente un problema social. Sin embargo, se ha desbocado su real dimensión ante la alarma generada por la ideología de la seguridad ciudadana, que intimida ante un riesgo de ser víctima de la delincuencia callejera en un grado que no coincide con la realidad y que deja de lado otros asuntos que debieran causar mayor conmoción social. 

En esta antesala de “inseguridad ciudadana” el Estado costarricense cimenta las bases de una legislación más represiva que cosifica al ser humano y vulnera su derecho a la seguridad humana, interviniendo de manera arbitraria e irrespetando el principio de proporcionalidad. 

Ejemplo de lo indicado lo constituye la introducción del artículo 239 bis inc. a) del Código Procesal Penal como presupuesto para el dictado de la prisión preventiva. 

Para su análisis se establecieron como objetivos específicos determinar los presupuestos que configuran la seguridad humana como un derecho humano, examinar el instituto de la prisión preventiva y sus límites normativos y jurisprudenciales en relación con la flagrancia y relacionar los fines declarados de la prisión preventiva con el concepto de seguridad humana. 

Se realizó un examen exegético de las normas, de la jurisprudencia y de la doctrina relativo a la prisión preventiva y su relación con la flagrancia observándose en una primera instancia una construcción ideológica basada en los derechos humanos que corresponde a un sistema democrático y que es desplazado por una legislación que incorpora la ideología basada en el discurso populista de seguridad o mejor dicho de “inseguridad ciudadana” brindando, desde el sistema de justicia penal, una respuesta innecesaria, inidónea y desproporcionada al “legitimar” conforme a la lectura de dicho artículo el dictado de una prisión preventiva que vacía de fines legítimos su implementación, y por consiguiente, adelanta la pena. 

Dicha legislación deviene en contraria a la dignidad humana quebrantando la promesa dada desde un Estado democrático de brindar seguridad como derecho humano y lo que esto conlleva.

Estudiante : Yorleny María Campos Campos

Fecha de Aprobación:  Marzo 2012

Tutor: M.Sc. José Cisneros Mojica


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CRIMINALIDAD EN LAS POBLACIONES INDIGENAS DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS




RESUMEN EJECUTIVO. 

La violencia y el delito han sido siempre problemas y contradicciones que se encuentran en la base de la estructura social, por lo que, dentro de este marco, y considerando que las poblaciones indígenas de nuestro país han luchado, durante siglos, por mantener su forma de vida basados en su propia cosmovisión; el poder determinar cuáles son los delitos que, con mayor frecuencia, cometen los habitantes indígenas cobra mucha relevancia, sobre todo con el fin de acercarse a los factores que provocan estos comportamientos y, con ello, poder revisar y/o modificar las políticas públicas estatales destinadas a garantizar la seguridad humana de esta población, pues uno de los aspectos fundamentales en lo concerniente al desarrollo de toda sociedad es la satisfacción de sus necesidades. 

En el presente trabajo, se pretende analizar la criminalidad de los habitantes indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, a partir de los aspectos de la seguridad humana y de la seguridad de los ciudadanos frente al delito, conocer los aspectos culturales más importantes de las poblaciones indígenas, realizar una caracterización sociodemográfica de los indígenas en condición de imputados en la Fiscalía de Buenos Aires y, por último, determinar cuáles son los delitos más frecuentes cometidos por esta población, para lo cual se aplica una metodología mixta, basada en la recopilación de información e información estadística extraída de una investigación de campo. 

Dentro de los resultados obtenidos, se identifica que los habitantes indígenas de Buenos Aires poseen diversos aspectos culturales que han caracterizado, por muchos años, su forma de vida, y que estampan una marcada diferencia con las personas no indígenas. 

La relación con la naturaleza, la concepción de pobreza y el significado de la tierra tienen connotaciones muy distintas e importantes para los indígenas. Los aspectos materiales tienen poca relevancia como parámetro para delimitar el concepto de pobreza, prevaleciendo el sentimiento de bienestar, que se relaciona con el llamado “vivir bien” o “buen vivir”. 

La relación entre los pueblos indígenas y la tierra es un vínculo esencial que da y mantiene la identidad cultural de estos pueblos. La tierra no solo es un simple instrumento de producción agrícola, sino que constituye una parte del espacio geográfico y social, simbólico y religioso, con el cual se vincula la historia y actual dinámica de estos pueblos. 

La ausencia de aspectos integradores de la seguridad humana está influyendo en la tasa de criminalidad de los habitantes indígenas de Buenos Aires de Puntarenas pues, en muchos casos, las conductas realizadas por estas personas están destinadas a solventar necesidades básicas propias de su forma de vida.

 La mayoría de las personas indígenas a quienes se les investiga por la comisión de un hecho delictivo en Buenos Aires de Puntarenas pertenecen a la etnia Bribri, habitan en el territorio de Cabagra y, al igual que sucede en la población general en Costa Rica, e incluso en la región latinoamericana, la amplia mayoría de las personas investigadas son hombres. 

En la mayoría de los delitos investigados, los ofendidos también son indígenas.  La actividad delictiva en los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas resulta muy diversificada en cuanto al tipo de delitos que se cometen, siendo los delitos contra la propiedad, como la usurpación, los daños y algunas infracciones forestales, como los cambios de uso de suelo, los que presentan un mayor suceso y el juzgamiento de una persona indígena por parte del sistema judicial del Estado. 

Ello requiere de una visión ampliada y conocedora de la cultura indígena, de manera que, tanto el juez, como el fiscal, el defensor y cualquier otro interviniente en el proceso, puedan entender el contexto social en que se desarrolla un determinado caso. 

Se concluye que la mayor causa de pobreza en los pueblos indígenas de Buenos Aires de Puntarenas lo constituye el histórico proceso de despojo de sus tierras y de sus formas de vida, proceso que se extiende hasta nuestros días. 

En cuanto a las recomendaciones, se señala, entre otras, que se debe fomentar la divulgación, en todos los niveles de la sociedad, de los aspectos culturales más importantes de las poblaciones indígenas de nuestro país, a fin de que estas sean tomadas en cuenta y respetadas, no sólo en el momento de planear, diseñar, ejecutar las distintas actividades propias de la administración estatal, sino, también, al contacto de las personas indígenas con no indígenas; y que se debe verificar, y trabajar, en la construcción de políticas públicas que garanticen la seguridad humana a la sociedad y, sobre todo, que no dejen de lado las necesidades de los pueblos indígenas de nuestro país, para lo cual es imprescindible contar con la participación y autogestión de los actores en las comunidades indígenas de acuerdo con su realidad, construyendo y definiendo su propio inventario social, con el fin de que se dé a conocer y atender mediante las políticas sociales del país, para que ello contribuya a reducir la criminalidad en estas poblaciones.

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La Educación para la Paz como Política de Estado enfocada en la Seguridad Humana: el caso de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención violencia.




Resumen Ejecutivo 

Considerando que el reto en la actualidad es encontrar la solución al problema de la inseguridad ciudadana, se estudió el Programa de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la delincuencia, el cual fue uno de los componentes del Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Justicia durante el período 2006- 2010 con el propósito de determinar si respeta los postulados de derechos humanos que se necesitan para alcanzar la educación para la paz. 

El Objetivo General ha sido analizar las políticas enfocadas a las Seguridad Humana contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Justicia, específicamente en la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Delincuencia para identificar el tipo de enfoque que se proyecta a la juventud costarricense hacia la resolución no violenta de conflictos. 

Para ello, se establecieron como objetivos específicos, exponer una metodología enfocada en Derechos Humanos como medio de prevenir los delitos causados por el abordaje violento de los conflictos; describir el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Justicia enfocado a la Seguridad Humana con sus componentes y estrategias y analizar la labor que ha tenido la Red Nacional de Jóvenes durante el último año para la Prevención de la violencia dentro de la sociedad costarricense. 

El análisis de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención del delito se realizó con base en la metodología enfocada en Derechos Humanos expuesta, en la que se consideraba importante tener como pilares fundamentales acciones tendientes a enseñar a las niñas, niños y jóvenes, mecanismos para el autocontrol, resolución alterna de conflictos y derechos humanos para la construcción de una cultura de paz, con el fin de determinar si el Plan que llevó a cabo contaba con los lineamientos estratégicos y tácticos adecuados para poder alcanzar su propósito, tomando en cuenta las facilidades existentes para dichos fines. 

Se logró verificar que la labor que ha tenido la Red Nacional de Jóvenes durante el último año ha sido muy buena, logrando capacitar a una gran cantidad de jóvenes pertenecientes a cantones en los cuales las y los habitantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por razones de distanciamiento de brechas sociales y falta de acceso a la educación, el empleo y la salud. 

Se trabajaron contenidos adecuados, para los cuales se tomaron en cuenta las necesidades de cada población meta; sin embargo, existen algunos aspectos que se consideran mejorables en virtud de los cuales se recomendó, entre otras cosas, realizar un diagnóstico que sirva para medir los logros obtenidos; darle continuidad a las acciones que se han venido realizando en materia de prevención; que se destine mayor presupuesto a estas políticas criminales preventivas con el fin de que puedan lograr su cometido en todo el territorio nacional; darle continuidad a programas que requieran la coordinación interinstitucional y propiciar espacios en los cuales se le pueda dar continuidad a los proyectos propuestos por las y los jóvenes para solucionar los problemas por los que se enfrenta su respectiva comunidad. 

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jueves, 7 de mayo de 2020

SEMBLANZA TÉCNICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE COSTA RICA, AL AÑO 2019. ASPECTOS SOCIO JURÍDICO-PENALES. APRECIACIÓN CRIMINOLÓGICA.



Resumen ejecutivo del trabajo 

El aliciente del presente trabajo; es la alentadora oportunidad de encontrar las vías de cambio, los caminos correctos para alcanzar un paradigma constructivista socialmente; ante las abrumadoras realidades, que a razón de provocación y amenaza se reflejan en el grupo social. 

No hay causa devaluada cuando de promover la convivencia se trata; sin embargo, las causas funcionales positivamente no emergen solo de conversación entre intelectuales. 

El integrar a una población, un país o una región requiere de un compartido ánimo que involucre la participación de todos los sectores sociales, atendiendo a los más excluidos; lo anterior no se logra sin la concientización colectiva, implícitamente esto resuelve en la necesidad de adoptar una cultura investigativa que ofrezca los indicadores que sensibilicen hacia las necesidades humanas. 
La comprensión de algunos sectores que afirman en alto volumen o voz silenciosa la afirmación errónea y deslegitimadora de las causas que impulsan la dignidad humana, deben ser el objeto de atención de la Criminología. 

Las patologías o disfuncionalidades sociales, en su forma de entenderse, han evolucionado desde lo interno del ser humano hacia las estructuras sociales que integran la convivencia colectiva, es imprudente desatender en virtud de unos pocos los contextos de comodidad en que habitan; así los campos sociales de interés se representan sobre la economía, la educación, la política, los sistemas de control social y demás. 

Con lo anterior se diversifica el tono alentador y resulta en la necesidad de especialización académica. Costa Rica no ha sido excluida de estas realidades sociales, más bien son temas que están en sus puntos más álgidos y en actualidad, y los temas que rondan la política criminal son merecedores de impulso hacia el desarrollo. 

El sector social privado de libertad (y el que no está en cumplimiento de una sentencia o medida de seguridad, también) se ha visto perjudicado como resultado del populismo punitivo, control de grupos, violencia, en acompañamiento de la incuria estatal. 

Por lo anterior este trabajo se da a la tarea de analizar desde una postura crítica, la efectividad y legitimidad de las condiciones técnicas del sistema penitenciario de Costa Rica, de manera que involucre a razón de antecedentes, desde construcción de participios sociológicos; así podemos contrastar con motivos que van desde la dominación como herramienta de control, el uso del sistema judicial como herramienta política, hasta el sistema carcelario como justo remedio para apaciguar descontentos colectivos. 

Con objeto principal y general, en respuesta a los antecedentes citados, se intenta desglosar desde el análisis crítico, los resultados y reflejos que emanan del sistema carcelario costarricense y la política criminal en general, proponiendo estos ante los presupuestos Constitucionales, legitimadores de la contractualidad del grupo social. 

Para llegar a estas pretensiones es necesario establecer en la medida de lo posible la situación real social costarricense, para luego contrastarla con la prescripción jurídica del sistema judicial; sobre los anteriores dos aspectos cabe el contexto carcelario como develador de la política criminal. 

Como segunda pretensión, se toma el sistema carcelario como un indicador a verificar entre presupuestos democráticos y las actuaciones del Sistema Penitenciario Nacional (40849-JP, 2018) en función del usuario del sistema. Siguiendo con otro de los objetivos se propone constatar la finalidad judicial de la pena ante la consistencia en el proceder de la administración.

Y por último amplía el tema de investigación mediante la determinación del producto de la política criminal de Costa Rica, en razón del beneficio o daño social resultante. 

En cuanto al abordaje epistemológico, se elige el modelo cualitativo, en razón de la adaptabilidad y naturaleza que muestra hacia el objeto de estudio. En otras palabras, la investigación trata de comprender el fenómeno tomando como referencia las cualidades percibidas desde su contexto. 

El mismo, es ampliamente aprovechable desde la interpretación de los significados de las acciones humanas, en el entorno social; dentro de los fenómenos y estructuras que lo circundan. 

En cuanto al alcance puede establecerse como de tipo Alcance Descriptivo, en razón de que como meta del investigador se centra en describir el fenómeno dentro de la Criminología, así como contextos y sucesos; con el fin de detallar cómo se manifiestan. 

Las fuentes consultadas para obtener la información, son principalmente de tipo documental, de naturaleza variada, siempre contextualizadas en el tema a desarrollar y procurando su calidad académica y técnica. 

Como conclusiones los factores intervinientes y causales que afectan en el contexto socio jurídico penal costarricense son propuestas para un amplio abordaje, sin embargo, serán referidos sobre las caras que representan la identidad y actualidad del sistema, así las cosas se tiene que: la influencia de la globalización como u medio potenciador de ideologías positivas o negativas influyen en la manera prejuiciada de castigar al marginado, como respuesta a una imagen profesionalizada del delincuente. 

Para que una sociedad pueda entenderse y por ende comprender los orígenes y manifestaciones de las situaciones que la perjudican, debe profundizar en la metodología que usa para evaluar el fenómeno, desde la evolución histórica y las formas de representación, hasta las semblanzas más actuales y la cuantificación social del daño; provocando desde una perspectiva político, social y económico una desvinculación entre las condiciones sociales de pobreza y el desarrollo macroeconómico, conllevando esto a que una importante porción del trabajo asalariado en estos entornos se convierte en fuente de fragmentación y precarización. 

Con lo anterior se delimita en claridad dos vertientes, la que tiene posibilidad de pautar y la vertiente que debe cumplir el mandato bajo una mirada controladora y respalda por el poder de castigar. 

Hacia el final, visto desde una mirada general y ligera podría decir que hay una deficiencia a nivel interno nacional, o más bien, carencia de una cultura institucional hacia la investigación científico social necesario para identificar el fondo y la evolución del fenómeno en puntualidades; en donde pueda extraerse un análisis real y funcional del sistema penal. 

La atención de la criminalidad se apercibe, principalmente ante la materialización de la conducta infractora, convirtiéndola en número para análisis y tratamiento; pero desatendiendo de forma efectiva la prevención dentro de los círculos y campos sociales más inmediatos y vulnerables.

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“EL SUB-SISTEMA QUE CRIMINALIZA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POBRES EN CHILE”




RESUMEN EJECUTIVO

 Este trabajo da cuenta de la existencia marginal de un subsistema penal, que bajo la excusa de un rol protector excluye, invisibiliza y criminaliza la niñez y adolescencia pobres en Chile. 

Esto lleva a la existencia de encierros para los menores de edad, convenientes y serviles a los intereses de la clase dominante, que se materializan en Chile en la red de recintos cerrados y semi cerrados del cuestionado Servicio Nacional de Menores, a los que se ingresa, no sólo a los niños y jóvenes infractores de ley penal, sino también a los que son supuestos sujetos de medidas de protección por vulneración de sus derechos en materia de legislación de Familia. 

Estos centros disfrazados de lugares de protección, se erigen como cárceles maquilladas, en que los niños son privados de libertad, sin haber tenido ninguna conducta infractora. 

Existe un sistema de licitación, puesto que por cada niño encerrado hay una subvención en dinero del Estado a entes privados, por lo que se revela que esto es un verdadero “negocio” con muchos beneficiados, pero resulta extraño que sean mínimas las voces que advierten la gravedad de la situación. 

No resulta éticamente justificable que el sufrimiento de personas, en este caso niños, sea fuente de riqueza y poder para otros. Lo anterior es resultado de una intención velada de criminalizar la niñez pobre, basados en criterios deterministas y actuarialistas, ocultos bajo falsas justificaciones de protección, que no tienen otro objetivo que tener bajo control, subordinación, obediencia e ignorancia a estos niños, sentenciados desde ya por el sistema como peligrosos sólo por su nivel socioeconómico, reflejo lo anterior del falso ideario humanizaste del control y corrección a través del encierro, con una consecuencia gravísima: El resultado ha sido la muerte de más de mil niños en el último período de gobierno, además de otras vulneraciones a su integridad psíquica, física e indemnidad sexual.

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