RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación mixta pretende ubicar al lector ante un problema que aqueja nuestro sistema de justicia penal.
Actualmente, en Costa Rica no existe una efectiva y adecuada Política Criminal, por el contrario, las claras tendencias expansivas del Derecho Penal, han significado un aumento de leyes penales especiales, la reforma de tipos penales existentes, así como de normas procesales, con la consecuente inflación normativa y un verdadero populismo punitivo que solo demuestra la incapacidad y falta de voluntad política de solucionar los problemas sociales que verdaderamente inciden en la proliferación de la criminalidad, ante lo cual se superponen estas políticas represivas que expanden el espacio de lo definido como criminal.
Esta problemática es la que ha motivado a realizar la presente investigación, enfocada básicamente a analizar las manifestaciones del Populismo Punitivo, la creación de leyes penales dirigidas a controlar el aumento de la criminalidad, las cuales no han logrado su objetivo, sino que se ha generado una verdadera inflación normativa y el aumento de la criminalidad en el cantón de Pérez Zeledón.
Dado lo anterior, la presente investigación se enfocó a determinar si la creación de nuevos tipos penales, el aumento de las penas y un mayor uso de la prisión preventiva, son mecanismos efectivos para la disminución de la criminalidad en el cantón de Pérez Zeledón.
Desde este tópico, se analizó el concepto de Política Criminal y la relación de ésta con la criminología y el poder político de los Estados.
Además, se pretende describir la importancia del Derecho Penal como mecanismo de control social, estudiar el concepto y efectos prácticos del Populismo Punitivo y, por último, evaluar si la creación de Leyes Especiales como la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, la Ley Contra el Crimen Organizado y las reformas a la Ley de Tránsito, han resultado efectivas en cuanto a la disminución de la criminalidad en el cantón de Pérez Zeledón.
Pese a que el tema es sumamente controversial, máxime en la época actual en que los medios de comunicación inciden de forma directa en tergiversar –en muchas ocasiones- la problemática respecto a la criminalidad en el país, varios autores costarricenses y extranjeros han estudiado el tema, lo cual ha sido utilizado para elaborar el presente estudio.
Dado lo anterior, corresponde a una investigación mixta. La recopilación de la información se hizo de libros, documentos electrónicos debidamente identificados e información estadística extraída de una investigación de campo, como lo es, el análisis de causas penales ingresadas en la Fiscalía de Pérez Zeledón, tanto de forma general, como de forma específica en cuanto a los delitos de Lesiones Culposas y Homicidios Culposos nacidos de hechos por accidentes de tránsito, delitos patrimoniales, propiamente los delitos de Hurtos, Robos y Daños, en sus diferentes modalidades (Simple, Agravada, Tentada o Consumada).
De esta forma, mediante la exposición teórica del concepto de la Criminología y de la Política Criminal, así como la relación que guardan éstas con el poder político del Estado, se concluye que Costa Rica no cuenta con una adecuada y verdadera política criminal.
Así, el Derecho Penal, como mecanismo de control, social no tiene, hoy día, una aplicación práctica que permita controlar el aumento de la criminalidad, sino que las políticas de cero tolerancia y mano dura amplia mente difundidas durante los últimos años, han dado lugar a una verdadera criminología de la intolerancia, a una expansión del Derecho Penal sin precedentes que no ha logrado más que fundar un Populismo Punitivo enfocado en considerar que a mayores penas se disminuye el delito, que a mayor represión penal (háblese de expandir los límites del Derecho Penal hasta crear tipos penales en blanco, o bien, mayor uso de la prisión preventiva) menor incidencia delictiva, en fin, políticas criminales equivocadas que no han dado una solución al problema que pretenden disminuir.
Se demuestra que efectivamente este Populismo Punitivo, basado principalmente en la manipulación de emociones de la ciudadanía que clama por seguridad, ha guiado a los legisladores a crear leyes penales especiales, a reformar tipos penales ya existentes en aras de dar una respuesta simbólica, urgente a la población sin que esta técnica legislativa haya significado una solución a la criminalidad.
Se concluye además que, la criminología y la política criminal del Estado, guardan una relación estrecha, por cuanto es necesario conocer el origen de la conducta delictiva y las posibles respuestas con la finalidad de conocer cuáles son las medidas que deben adoptar los Estados para enfrentar la criminalidad.
La creación de las leyes penales especiales, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la reforma a la Ley de Tránsito, con las consecuentes propuestas enfocadas a aumentar las penas de determinados delitos, a criminalizar nuevas conductas y a ampliar los supuestos para la aplicación de la prisión preventiva, no fueron la solución para la disminución de la criminalidad, por el contrario, a nivel estadístico la incidencia de ésta aumentó.
A partir de ello, se recomienda trabajar en la construcción de una Política Criminal, con una verdadera política social, enfocada al abordaje de los problemas que enfrenta la sociedad, que atienda las carencias institucionales, la inequitativa distribución de la riqueza, con ello las variables educación, salud, vivienda, etc.
También, trabajar con los medios de comunicación para una correcta diseminación de la información sobre la criminalidad; incentivar el aporte de recursos materiales y humanos a la prevención del delito, mediante la implementación de programas de prevención educativos, ante la necesidad de trabajar en la preocupante pérdida de valores, la desintegración familiar, el uso indiscriminado de drogas, armas, etc., lo cual influye directamente en la incidencia delictiva.
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