sábado, 29 de septiembre de 2012

LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA REITERACIÓN DELICTIVA DE LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL DE PÉREZ ZELEDÓN (UN ANÁLISIS A LA LUZ DE LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL)”



RESUMEN EJECUTIVO

Nuestro país en los últimos años ha vuelto los ojos al tema de la delincuencia penal juvenil, debido al supuesto aumento que de la actividad delictiva de personas menores de edad y al grado de violencia que se utiliza para cometer dichas actos ilícitos; sin embargo, la respuesta que se trata de dar no es la más adecuada, basta con observar el último proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa que pretende reformar el Código Penal de Adultos, y precisamente una de sus reformas aboga por la aplicación de la ley de adultos a todos los menores de quince o más años de edad que comentan delitos. 

Es claro que la política criminal de nuestro país en materia de menores está girando por un rumbo equivocado, al tratar de dar respuesta a la delincuencia penal juvenil mediante la creación de penas más altas o aplicando criterios adultocentristas para eliminar poco a poco la legislación especial que rige la materia de menores mediante la Ley de Justicia Penal Juvenil.


Precisamente con este estudio se demostró que la Ley de Justicia Penal Juvenil de nuestro país es un mecanismo eficaz y apto para lograr disminuir la delincuencia juvenil, ya que la misma cuenta con todos los mecanismos necesarios para logar esa integración del menor a la sociedad evitando que vuelva a delinquir; y que la respuesta adecuada para disminuir la violencia y la comisión de delitos por parte de los jóvenes no las encontramos eliminando sus derechos y garantías propios de un estado de derecho como el nuestro, sino por el contrario, interviniendo en otras áreas que inciden en que los menores cometan delitos.


Para demostrar nuestra teoría se realizó primero un recorrido histórico por los modelos de justicia penal juvenil que han existido y cuáles de ellos fueron adoptados por nuestro país, logrando acreditar que el modelo de la protección integral o de responsabilidad que se aplica en este momento es el más adecuado ya que el mismo no solamente crea responsabilidades en los menores, sino que les concede una serie de garantías y derechos a la hora de enfrentar un proceso penal, respetando por supuesto sus derechos humanos y tomando en cuenta a la vez que se trata de personas que se encuentran en una etapa de formación y por ende el trato que se les da en materia penal debe ser distinto al de los adultos.


Además, en este trabajo se analiza el tema de las medidas alternativas y las sanciones de la legislación de menores, con el fin de demostrar que la justicia restaurativa debe seguir siendo la respuesta principal en materia penal juvenil, mediante datos estadísticos se ha evidenciado que la mayoría de casos estudiados en Pérez Zeledón llegaron a archivarse por la aplicación de alguna medida alternativa (conciliación, suspensión del proceso a prueba y otras); y que los pocos casos que llegaron a juicio y se les aplicó una sanción, la misma cumplió con su fin y logró la reinserción del menor a la sociedad.


En el último capítulo se establecen cuales son los factores de riesgo que han incidido en la población estudiada en el cantón de San Isidro de Pérez Zeledón, para que estos menores reiteren su actividad delictiva, siendo que el resultado obtenido nos confirma nuestra teoría, de que la reiteración delictiva de los menores de edad de este cantón (y me atrevo a asegurar que de todo el país), está asociada a una serie de riesgos sociales, culturales, económicos entre otros, que no se combaten con leyes penales, sanciones draconianas ni pensamientos adultocentristas; sino con políticas de prevención y con la creación de más oportunidades para los menores de edad, que vayan eliminando esa discriminación y desigualdad social que se vive en nuestro país.


Como conclusión se llega al convencimiento que la delincuencia penal juvenil y la violencia de los jóvenes se combate mediante el desarrollo de políticas y programas que permitan una mayor distribución de la riqueza, más adecuados programas de asistencia social, fortalecimiento de la educación de los menores de edad y mayor acceso a ella, crear oportunidades de empleo y de vida para los jóvenes del cantón de Pérez Zeledón; al final se realizan una serie de recomendaciones que pueden ayudar a combatir el problema de la reiteración delictiva en el cantón de Pérez Zeledón y ayudar a reducir la tasa de delincuencia y violencia juvenil, como lo son la creación de empleos para los jóvenes de la zona, invertir más en la educación, seguir con las visitas a las escuelas y colegios para informar sobre los alcances de la ley de menores, fomentar los valores y el apoyo familiar y por supuesto darle una respuesta integral al problema de la desintegración familiar, la indigencia y las drogas en los menores del cantón.


Estudiante: Carlos Adolfo Calderón Bogantes

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Comunidades Seguras una alternativa para la seguridad humana




Resumen Ejecutivo

En la agenda mundial existe un interés por temas relacionados con el derecho de todas las personas a la salud y la seguridad, razón por la cual es apremiante la búsqueda de conocimiento y metodologías enfocadas en el análisis de alternativas para el establecimiento de condiciones de vida en comunidad en entornos más seguros. Precisamente esta visión es el eje motivador de la presente investigación.

“Comunidades seguras: una alternativa para la seguridad humana” concentra la atención en aportar a la ciencia criminológica, desde la visión enriquecida de la seguridad humana, ya que el objetivo general de este estudio es el análisis del modelo de comunidades seguras de la Organización Mundial de la Salud como alternativa para la seguridad humana y su aplicación en el contexto costarricense.


El modelo de comunidades seguras cuenta con amplia trayectoria en el ámbito internacional, sin embargo en el contexto costarricense es desconocido y precisamente los aportes que se pueden establecer en la materia, revisten de especial significación en el ámbito nacional. La comprensión del modelo, a la luz de la seguridad humana, enriquece esta investigación.


El abordaje metodológico exploratorio sustenta este estudio y es la base para iniciar la indagación, cuyo resultado espera ser esclarecedor para futuras aproximaciones al tema.


La revisión documental y teórica al respecto ha sido pieza fundamental para dar construcción a la presente investigación. 


Adicionalmente, también se cuenta con un diagnóstico cantonal construido a partir de un trabajo de campo, precisamente por el interés en nutrir la propuesta a partir de un primer acercamiento práctico del modelo a un contexto local, específicamente al cantón Vásquez de Coronado.
El contacto y consulta a actores clave en esta localidad aportaron la revisión de recursos e infraestructura vecinal para dar sustento al estudio, de manera tal que pudiera comprenderse el modelo y al mismo tiempo trazar líneas para su posible aplicación.

Los antecedentes fueron construidos para conocer sobre estudios previos y sus principales conclusiones sobre el modelo de comunidades seguras, mientras que el apartado sobre el marco conceptual persigue comprender la forma en que se plantea y funciona el modelo. Las experiencias latinoamericanas del modelo brindan un escenario general como un punto de partida al ser los contextos más cercanos a nuestra realidad.


La aproximación al diagnóstico y la sistematización de información, recolectada en el cantón Vásquez de Coronado, arrojan datos por tomar en cuenta sobre la coincidencia entre la seguridad humana y el modelo de 6 comunidades seguras, así como lineamientos para su posibilidad de aplicación, delineando coincidencias y vacíos entre la realidad local y los indicadores del modelo.


A partir de lo anterior resalta la contundente necesidad por seguir trabajando en seguridad humana, así también de informar y participar a las personas en los temas de salud y seguridad, vistos desde la centralidad de la vida humana para el desarrollo de políticas públicas y accionar institucional en el ámbito internacional, nacional y local.


El efecto protector del trabajo en prevención ante peligros para la salud y la seguridad queda en clara evidencia a partir del presente estudio. 


Así también se deduce la importancia de programas preventivos desde un enfoque integrador del derecho a la salud y la seguridad, sobre todo para la atención de aquellas poblaciones con condiciones especiales que las hace vulnerables. 


De este modo, los principios de equidad y participación son aspectos indispensables y coincidentes del modelo de comunidades seguras y la seguridad humana.


El presente estudio evidencia que pese a contar con una realidad socioeconómica y demográfica semejante a las comunidades seguras acreditadas en Latinoamérica, los y las habitantes del cantón Vásquez de Coronado tienen un pendiente en cuanto a infraestructura organizativa y participativa para una eventual aplicación del modelo. 


Visiones tradicionales de seguridad, como responsabilidad institucional y no social, limitan la viabilidad de este modelo basado en comunidad en este cantón.


La articulación de los diferentes programas preventivos en salud y seguridad presentes en el cantón, así como la ampliación de estos a otros segmentos poblacionales y la existencia de espacios y redes comunes para el intercambio de información y coordinación intersectorial, son retos por asumir en Coronado.


La visión a largo plazo es un requerimiento primario para la seguridad humana y para el modelo de comunidades seguras, por lo que se detecta en el cantón una necesidad por tomar acciones encaminadas a trabajar localmente y asumir un compromiso de trabajo coordinado sostenido en el tiempo.


“Comunidades seguras: una alternativa para la seguridad humana” ofrece una base sólida para continuar indagando sobre el tema y las posibilidades de aplicación en Costa Rica, al mismo tiempo, que plantea el gran reto que significa el debate, reflexión y trabajo en comunidad para garantizar un ejercicio verdadero del derecho a la salud y la seguridad para todas y todos.



Estudiante : María Aurelia Bolaños Castro


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"El tratamiento informativo (El caso de la noticia de sucesos sobre niñez y adolescenciaen conflicto con la ley penal divulgada en la prensa escrita)"






Resumen Ejecutivo

El presente trabajo de investigación analiza la situación del tratamiento informativo del delito en Costa Rica a partir de la noticia de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal y publicada por los medios de comunicación escrita.

El objetivo primordial de la investigación es realizar un estudio que describa y analice el respeto o violación a los derechos de los niños, niñas y los(as) adolescentes en conflicto con la ley penal cuando son fuente de consulta periodística y plasmados en la divulgación de informaciones noticiosas aparecidas en la sección de sucesos de los periódicos costarricenses, dentro del contexto del fenómeno de la criminalidad en el país.


Por la naturaleza del trabajo, una de las principales fuentes de información son los periodistas, quienes ofrecen al público una cobertura de la noticia de niñez y adolescencia involucradas en el campo de los sucesos, así también como una muestra representativa de las publicaciones. 


Para tal efecto, se tomó el criterio de 25 comunicadores que laboran en los medios de prensa escrita y un total de 107 notas en un espacio de seis meses, de lunes a domingo, en el periodo comprendido entre el 13 de mayo del 2008 y el 13 de noviembre del 2008.


En el caso concreto de las entrevistas se evaluó, en mayor medida, el grado de conocimiento que tienen los periodistas de la legislación en materia de protección de los derechos de la población menor de edad y la percepción del cumplimiento o no al momento del abordaje informativo en las noticias.


Por otro lado, el análisis de las notas tuvo como pretensión, conocer realmente si los datos que se brindan al lector por parte de los medios escritos, contienen elementos que violentan o respetan los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal y, con ello, emitir recomendaciones que sirvan para un tratamiento periodístico acorde no solo con la legislación sino también con la necesidad de que esta población reciba un trato no discriminatorio cuando se convierte en fuente de información periodística dentro del contexto del fenómeno de la criminalidad.


Luego del análisis de las variables se pudo determinar que, a pesar de que los periodistas conocen la leyes que protegen a la niñez y adolescencia, existe una práctica periodística de revelar los datos personales de esta población autora o víctima de un hecho delictivo, que permite su clara identificación por parte del público consumidor del periódico y con ello, violenta no solo sus derechos como persona sino también lo estigmatiza y lo condena socialmente casi para toda la vida. Igualmente queda en evidencia que la persona menor de edad víctima de un delito es más susceptible de sufrir la revictimización que una persona menor de edad autora de un delito,pues en el estudio se refleja una sobreexplotación informativa del incidente,muchas veces, con lujos de detalles.


Llamó poderosamente la atención que los periodistas consultados, a pesar de que indican conocer la legislación que protegen estos derechos inherentes a la persona menor de edad, la mayoría sostiene que en la práctica los medios de prensa escrita violentan su imagen e identidad. 


Debe resaltarse en este aspecto, el voto de la Sala IV 009921-2009, donde el máxime órgano constitucional del país asume su más agresiva posición enaras de la tutela de la imagen y de los derechos de las personas menores de edad sometidos a un proceso penal.


Aquí retoma la posición de que no es dable permitir que las personas menores de edad sean mostrados ante terceros, como por ejemplo, a través de un medio de comunicación, para que sean juzgados y se les contextualice en aras de lograr su identificación, pues la protección de la imagen y de la identidad de un menor sometido a un proceso penal no implica solo la protección de su rostro sino que exige a todas las autoridades del Estado a realizar los esfuerzos a su alcance para que no se pueda, a través de la agregación y cotejo de diversos datos, llegar a la plena identificación de la persona menor de edad enjuiciada.


Estas situaciones motivaron que en el presente trabajo se hicieran recomendaciones puntuales a los periodistas que abordan estas informaciones, para que cuando en una noticia esté involucrado un niño, una niña o un adolescente como autor, víctima o testigo de un hecho delictivo, desde las instituciones públicas encargadas de divulgar o proteger los derechos de estas personas, se pueda hacer conciencia entre los profesionales de la comunicación, la necesidad de que no se ofrezcan elementos informativos a la población que permita la identificación de estos niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. 


Es decir, traspasar la frontera de ofrecer al público la “noticia roja” para pasar realmente a un responsable periodismo judicial.


La recomendación no solo contempla la capacitación frecuente de los periodistas a través de talleres informativos/educativos, sino también la creación de una agenda telefónica de especialistas en el abordaje de estos hechos e incluso, la elaboración de cintillos1 en los comunicados de prensa donde se recuerde la obligatoriedad de que la imagen y cualquier otro dato.


La definición del concepto“Cintillo” en el lenguaje periodístico significa un mensaje de texto que se incluye en un comunicado de prensa institucional para destacar un recordatorio o recomendación sobre un determinado tema, el cual generalmente es colocado en la parte superior del boletín para llamar la atención al periodista que permita el reconocimiento de esta población está expresamente prohibida. 

Asimismo las implicaciones que representa para la persona menor de edad el ser exhibida públicamente a través de los medios de comunicación escrita.

Estudiante : Ahmed Tabash Blanco

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