ESTUDIO SOBRE LOS PROGRAMAS DE RESOCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE CUMPLIMIENTO BASILIO LAKAS Y TOCUMEN EN PANAMÁ

RESUMEN EJECUTIVO

Esta tesina, ha sido elaborada con el propósito de conocer el desarrollo histórico del proceso de resocialización en el nivel internacional.  Proyecto a su aplicación en Panamá, el objetivo se ha centrado en los análisis de los parámetros legales que lo sustentan. 

Para ello se ha realizado una investigación in situ en los Centros de Cumplimiento en menores, en torno a su desarrollo y experiencias obtenidas. 
Se han examinado integral y exhaustivamente los Centros Basilio Lakas en la provincia de Colón y Tocumen en Panamá, para detectar sus fortalezas y debilidades con el fin de plasmarlo en la propuesta formulada en el presente estudio.

Antecedentes: 

En Panamá con la Ley 40 de 1999 en materia Penal Juvenil se deja atrás la doctrina de la situación irregular que sentó las bases del sistema tutorial, para llevar a efecto la doctrina de la Protección Integral, incluida en la nueva Ley.

En Panamá existen cuatro Centros de Cumplimiento: en Chiriquí, en Herrera, en Colón y Panamá en donde se han implantado los programas de resocialización. Sin embargo, se han detectado algunas deficiencias durante el proceso investigativo que a meritan un riguroso análisis técnico, acorde con la plataforma doctrinal jurídica y el andamiaje administrativo existente en la actualidad.

Como objetivo general de nuestro estudio, nos disponemos a conocer el funcionamiento de los programas de resocialización existentes en los Centros de Cumplimiento Basilio Lakas y Tocumen (Panamá), esto naturalmente nos lleva a formular los siguientes objetivos específicos:

Identificar los diferentes programas de Resocialización en los Centros de Cumplimiento Basilio Lakas y Tocumen.

Analizar la información obtenida en materia de Resocialización en los Centros de Cumplimiento Basilio Lakas y Tocumen.

Describir el estado de la infraestructura física y los espacios destinados a facilidades
recreativas en los Centros de Cumplimiento Basilio Lakas y Tocumen.

Comprobar la existencia de Programas Socioeducativos en los Centros de Cumplimiento Basilio Lakas y Tocumen.

Contrastar la información sobre los programas de Resocialización en los Centros Basilio Lakas y Tocumen.

De acuerdo a nuestra metodología estudio realizado es de tipo transversal debido a que las variables se analizan simultáneamente en un determinado momento realizando un corte en el tiempo. Es de tipo descriptivo y aplicado. Se utilizó el modelo mixto cualitativo-cuantitativo, en el que se observan aspectos que indican cualidades o descripciones o aspectos que indican información sobre valores de las cosas.

Estudiante: Omar O. López  Siniestra 

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http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMCSH22.pdf

Condiciones actuales de los privados de libertad del Centro deAtención Institucional de Pérez Zeledón

RESUMEN EJECUTIVO

El capítulo primero de este trabajo de investigación corresponde a la Introducción general en la cual se explicitan las razones por las cuales nace la idea de investigar sobre las condiciones actuales de los Privados de Libertad, en el Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón. 

En este sentido, se indica lo que se pretende investigar, respecto al trato digno que se debe resguardar a los privados de libertad en amparo de sus derechos humanos. En esta parte de la investigación se plantean la justificación y el problema, así como los objetivos y las consideraciones éticas referentes al tema.

En el capítulo segundo, el cual corresponde al Marco Teórico, se hace una descripción de los conceptos básicos relacionados con los privados de libertad, como los son la dignidad y la seguridad humana, entre otros. Seguidamente, pretende describir los fundamentos jurídicos nacionales sobre el derecho penitenciario, el cual debe amparar en todo momento la dignidad humana como base de sus fundamentos.

Además, se presentan los aspectos generales del Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón, así como temas relacionados con la jurisprudencia constitucional que han tratado sobre las condiciones de los privados de libertad en dicho centro penal.

El capítulo tercero, denominado Marco Metodológico, contiene una descripción resumida de los procedimientos específicos, que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, con el fin de llegar a evaluar los objetivos planteados, relacionados con posibles violaciones y vulneraciones a la dignidad humana de los privados de libertad del Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón. 

También, se consignan los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a los privados de libertad del C.A.I.P.Z. 

Este capítulo reviste gran importancia, en relación con los objetivos de la investigación; ya que aquí se describen los resultados y el análisis interpretativo de los instrumentos. 

En el caso concreto del estudio, se exponen directamente las situaciones relacionadas con los problemas que afectan a los reclusos a la luz de la normativa nacional e internacional, tomando en cuenta los instrumentos de evaluación como las encuestas y entrevistas, así como la existencia de documentos de la Sala Constitucional acerca de situaciones que se han dado en el Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón. 

En esta línea, se explica las implicaciones de los fenómenos de la sobre población, alimentación, hacinamiento, seguridad y otros, de los privados de libertad. Además, por medio de tablas y gráficos, se apreciarán los resultados que aquejan a los privados de libertad, y con ello se puede, de una forma estructurada y metódica, proponer soluciones para evitar las violaciones a los Derechos Humanos de los privados de libertad del Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón.

El capítulo cuarto está compuesto de las conclusiones del estudio, para este caso, junto con las correspondientes recomendaciones que el investigador ha considerado oportunas.

Estudiante: Edwin  Montenegro  Cedeño 

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Principales efectos causados a un grupo de ex funcionarios del Banco Anglo Costarricense: (15 años después del cierre)”

Introducción


El 14 de setiembre de 1994, se dio a conocer la noticia del cierre del Banco Anglo. En ese momento lo primero que pensamos fue en, ¿cómo era posible tal situación, si era un banco del Estado?.

Las noticias e inquietudes iban enfocadas a la interrogante de qué iba a suceder con la cartera como tal. Filas de ahorrantes, al lunes siguiente, reclamando sus dineros que, con mucho esfuerzo habían guardado en esa institución. 

Empresarios preocupados por tener casi todas sus cuentas en ese banco y acreedores tratando de ocupar un primer lugar al momento en que se liquidaran las cuentas y, por supuesto, no faltaron las filas de los empleados a quienes no los dejaban ingresar al edificio ni para cobrar sus salarios.

Por otra parte, no faltaron los deudores que recibieron la noticia con positivismo y se aprovecharon de la situación para no pagar sus deudas. Todas y cada una de las instituciones que por una u otra razón, estaban involucradas, o tenían la obligación de externar algún tipo de criterio o seguimiento al caso, inmediatamente se dieron por notificadas e iniciaron su labor según su competencia, así como las que debían actuar para rescatar la cartera crediticia del extinto banco.

Una conferencia de prensa, del entonces Presidente de la República, Señor José María Figueres, se apoderó de todos los medios de comunicación, donde con mucha seguridad y con un discurso casi creíble, daba las justificaciones y los motivos por los cuales era necesario y casi inevitable el cierre del banco.

 Fue todo un descalabro financiero nacional y un tema que se escuchó por mucho tiempo hasta el día de hoy.

Pero, ¿pensamos de igual forma en los funcionarios que en ese momento se estaban quedando sin trabajo? ¿Pensamos en cómo iban a seguir su vida como si nada hubiera pasado? ¿Pensamos en sus familias y en cómo iban a ser vistos sus hijos en los centros de estudio? ¿Pensamos en aquellos que estaban a punto de llegar a su jubilación? ¿Pensamos en los que tenían deudas con otras instituciones tanto financieras 14 como de estudio? Seguramente no. Difícilmente alguien pensó en eso, pero los que sí lo pensaron eran los que estaban pasando por ese amargo momento.

Se escribieron artículos respecto a los efectos jurídicos que iba a causar el cierre a nivel social y económico. Se publicaron libros sobre el tema en general, se buscaron sanciones morales para los morosos y se pidió cárcel para los responsables del cierre.

Fue tema de múltiples informes a nivel nacional e internacional pero ¿Se escribió sobre qué iba a suceder con los funcionarios de ese entonces? ¿Se les exigió a los representantes del Banco, de ese entonces, un compromiso para que sus empleados no quedarán desamparados? ¿Se les ayudó a reubicarlos en los diferentes bancos del Estado, como se distribuyó la cartera crediticia hacia los otros bancos estatales? Otra vez la respuesta es no. Muchos quedaron sin trabajo por mucho tiempo, y otros no volvieron a ocupar un puesto en ninguna institución bancaria ni financiera del Estado.

Algunos ex – trabajadores del Banco Anglo, por sus propios medios, sin la ayuda de ninguna institución estatal, lograron ubicarse en algún banco o por lo menos se dedicaron a distintas actividades menos a lo que hacían en el Banco o para lo que se habían preparado académicamente, y lo que es peor, todos terminaron socialmente responsabilizados de la quiebra; fueron etiquetados, no importaba cuál hubiera sido el puesto que se ocupaba en ese momento, eran empleados del Banco Anglo y eso fue suficiente para cerrarles las puertas de muchos lugares, tanto privados como instituciones públicas.

El Trabajo que a continuación se desarrollará tratará de evidenciar las situaciones que tuvieron que soportar y aún enfrentan, varios de los empleados del banco Anglo, tales como humillaciones, discriminación, burla, el etiquetamiento, una vez que éste fue cerrado por el Consejo de Gobierno de ese entonces.

También se demostrará la falta de solidaridad por parte del Gobierno de Costa Rica y de las instituciones competentes, en diferentes campos, en este caso, sobre todo en la falta de solidaridad para con las personas que trabajaban en el Banco Anglo al momento de su cierre.

Este trabajo se logró con información obtenida de una entrevista que se les realizó a un grupo de 30 ex empleados del Banco. 

En esta entrevista se preguntaron aspectos relacionados con sus puestos que habían tenido en el tiempo que trabajaron en el Banco, su cambio de vida, problemas de discriminación y etiquetamiento que enfrentaron al momento de volver a colocarse en algún trabajo, problemas de salud, problemas familiares, no cancelación de sus derechos laborales, la forma en cómo les afectó tal decisión, entre otras.

Todas las personas entrevistadas fueron localizadas de manera diferente. Muchos se localizaron en el Banco Nacional, otras en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, otros por teléfono, también recomendados por otros ex funcionarios. Se localizaron personas en empresas privadas y por medio de familiares.

Por otra parte se tuvo la oportunidad de entrevistar a un grupo de cinco ex empleados ya pensionados, los cuales, actualmente, están luchando porque se les reconozcan y homologuen sus puestos que desempeñaban hace más de 15 años, a los que, en sus mismas condiciones, están desempeñando hoy día funcionarios de otras dependencias bancarias.

Finalmente, es importante rescatar que este trabajo es exploratorio, toda vez que no se tiene conocimiento de que se haya realizado uno igual o similar. La información suministrada por cada uno de los entrevistados, fue dada como primera vez para un trabajo de esta índole.

Estudiante :Heidy María Oviedo Quesada

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http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMCSH20.pdf

LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA REITERACIÓN DELICTIVA DE LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL DE PÉREZ ZELEDÓN (UN ANÁLISIS A LA LUZ DE LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL)”

RESUMEN EJECUTIVO

Nuestro país en los últimos años ha vuelto los ojos al tema de la delincuencia penal juvenil, debido al supuesto aumento que de la actividad delictiva de personas menores de edad y al grado de violencia que se utiliza para cometer dichas actos ilícitos; sin embargo, la respuesta que se trata de dar no es la más adecuada, basta con observar el último proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa que pretende reformar el Código Penal de Adultos, y precisamente una de sus reformas aboga por la aplicación de la ley de adultos a todos los menores de quince o más años de edad que comentan delitos. 

Es claro que la política criminal de nuestro país en materia de menores está girando por un rumbo equivocado, al tratar de dar respuesta a la delincuencia penal juvenil mediante la creación de penas más altas o aplicando criterios adultocentristas para eliminar poco a poco la legislación especial que rige la materia de menores mediante la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Precisamente con este estudio se demostró que la Ley de Justicia Penal Juvenil de nuestro país es un mecanismo eficaz y apto para lograr disminuir la delincuencia juvenil, ya que la misma cuenta con todos los mecanismos necesarios para logar esa integración del menor a la sociedad evitando que vuelva a delinquir; y que la respuesta adecuada para disminuir la violencia y la comisión de delitos por parte de los jóvenes no las encontramos eliminando sus derechos y garantías propios de un estado de derecho como el nuestro, sino por el contrario, interviniendo en otras áreas que inciden en que los menores cometan delitos.

Para demostrar nuestra teoría se realizó primero un recorrido histórico por los modelos de justicia penal juvenil que han existido y cuáles de ellos fueron adoptados por nuestro país, logrando acreditar que el modelo de la protección integral o de responsabilidad que se aplica en este momento es el más adecuado ya que el mismo no solamente crea responsabilidades en los menores, sino que les concede una serie de garantías y derechos a la hora de enfrentar un proceso penal, respetando por supuesto sus derechos humanos y tomando en cuenta a la vez que se trata de personas que se encuentran en una etapa de formación y por ende el trato que se les da en materia penal debe ser distinto al de los adultos.

Además, en este trabajo se analiza el tema de las medidas alternativas y las sanciones de la legislación de menores, con el fin de demostrar que la justicia restaurativa debe seguir siendo la respuesta principal en materia penal juvenil, mediante datos estadísticos se ha evidenciado que la mayoría de casos estudiados en Pérez Zeledón llegaron a archivarse por la aplicación de alguna medida alternativa (conciliación, suspensión del proceso a prueba y otras); y que los pocos casos que llegaron a juicio y se les aplicó una sanción, la misma cumplió con su fin y logró la reinserción del menor a la sociedad.

En el último capítulo se establecen cuales son los factores de riesgo que han incidido en la población estudiada en el cantón de San Isidro de Pérez Zeledón, para que estos menores reiteren su actividad delictiva, siendo que el resultado obtenido nos confirma nuestra teoría, de que la reiteración delictiva de los menores de edad de este cantón (y me atrevo a asegurar que de todo el país), está asociada a una serie de riesgos sociales, culturales, económicos entre otros, que no se combaten con leyes penales, sanciones draconianas ni pensamientos adultocentristas; sino con políticas de prevención y con la creación de más oportunidades para los menores de edad, que vayan eliminando esa discriminación y desigualdad social que se vive en nuestro país.

Como conclusión se llega al convencimiento que la delincuencia penal juvenil y la violencia de los jóvenes se combate mediante el desarrollo de políticas y programas que permitan una mayor distribución de la riqueza, más adecuados programas de asistencia social, fortalecimiento de la educación de los menores de edad y mayor acceso a ella, crear oportunidades de empleo y de vida para los jóvenes del cantón de Pérez Zeledón; al final se realizan una serie de recomendaciones que pueden ayudar a combatir el problema de la reiteración delictiva en el cantón de Pérez Zeledón y ayudar a reducir la tasa de delincuencia y violencia juvenil, como lo son la creación de empleos para los jóvenes de la zona, invertir más en la educación, seguir con las visitas a las escuelas y colegios para informar sobre los alcances de la ley de menores, fomentar los valores y el apoyo familiar y por supuesto darle una respuesta integral al problema de la desintegración familiar, la indigencia y las drogas en los menores del cantón.

Estudiante: Carlos Adolfo Calderón Bogantes

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Comunidades Seguras una alternativa para la seguridad humana

Resumen Ejecutivo

En la agenda mundial existe un interés por temas relacionados con el derecho de todas las personas a la salud y la seguridad, razón por la cual es apremiante la búsqueda de conocimiento y metodologías enfocadas en el análisis de alternativas para el establecimiento de condiciones de vida en comunidad en entornos más seguros. Precisamente esta visión es el eje motivador de la presente investigación.

“Comunidades seguras: una alternativa para la seguridad humana” concentra la atención en aportar a la ciencia criminológica, desde la visión enriquecida de la seguridad humana, ya que el objetivo general de este estudio es el análisis del modelo de comunidades seguras de la Organización Mundial de la Salud como alternativa para la seguridad humana y su aplicación en el contexto costarricense.

El modelo de comunidades seguras cuenta con amplia trayectoria en el ámbito internacional, sin embargo en el contexto costarricense es desconocido y precisamente los aportes que se pueden establecer en la materia, revisten de especial significación en el ámbito nacional. La comprensión del modelo, a la luz de la seguridad humana, enriquece esta investigación.

El abordaje metodológico exploratorio sustenta este estudio y es la base para iniciar la indagación, cuyo resultado espera ser esclarecedor para futuras aproximaciones al tema.

La revisión documental y teórica al respecto ha sido pieza fundamental para dar construcción a la presente investigación. 

Adicionalmente, también se cuenta con un diagnóstico cantonal construido a partir de un trabajo de campo, precisamente por el interés en nutrir la propuesta a partir de un primer acercamiento práctico del modelo a un contexto local, específicamente al cantón Vásquez de Coronado.

El contacto y consulta a actores clave en esta localidad aportaron la revisión de recursos e infraestructura vecinal para dar sustento al estudio, de manera tal que pudiera comprenderse el modelo y al mismo tiempo trazar líneas para su posible aplicación.

Los antecedentes fueron construidos para conocer sobre estudios previos y sus principales conclusiones sobre el modelo de comunidades seguras, mientras que el apartado sobre el marco conceptual persigue comprender la forma en que se plantea y funciona el modelo. Las experiencias latinoamericanas del modelo brindan un escenario general como un punto de partida al ser los contextos más cercanos a nuestra realidad.

La aproximación al diagnóstico y la sistematización de información, recolectada en el cantón Vásquez de Coronado, arrojan datos por tomar en cuenta sobre la coincidencia entre la seguridad humana y el modelo de 6 comunidades seguras, así como lineamientos para su posibilidad de aplicación, delineando coincidencias y vacíos entre la realidad local y los indicadores del modelo.

A partir de lo anterior resalta la contundente necesidad por seguir trabajando en seguridad humana, así también de informar y participar a las personas en los temas de salud y seguridad, vistos desde la centralidad de la vida humana para el desarrollo de políticas públicas y accionar institucional en el ámbito internacional, nacional y local.

El efecto protector del trabajo en prevención ante peligros para la salud y la seguridad queda en clara evidencia a partir del presente estudio. 

Así también se deduce la importancia de programas preventivos desde un enfoque integrador del derecho a la salud y la seguridad, sobre todo para la atención de aquellas poblaciones con condiciones especiales que las hace vulnerables. 

De este modo, los principios de equidad y participación son aspectos indispensables y coincidentes del modelo de comunidades seguras y la seguridad humana.

El presente estudio evidencia que pese a contar con una realidad socioeconómica y demográfica semejante a las comunidades seguras acreditadas en Latinoamérica, los y las habitantes del cantón Vásquez de Coronado tienen un pendiente en cuanto a infraestructura organizativa y participativa para una eventual aplicación del modelo. 

Visiones tradicionales de seguridad, como responsabilidad institucional y no social, limitan la viabilidad de este modelo basado en comunidad en este cantón.

La articulación de los diferentes programas preventivos en salud y seguridad presentes en el cantón, así como la ampliación de estos a otros segmentos poblacionales y la existencia de espacios y redes comunes para el intercambio de información y coordinación intersectorial, son retos por asumir en Coronado.

La visión a largo plazo es un requerimiento primario para la seguridad humana y para el modelo de comunidades seguras, por lo que se detecta en el cantón una necesidad por tomar acciones encaminadas a trabajar localmente y asumir un compromiso de trabajo coordinado sostenido en el tiempo.

“Comunidades seguras: una alternativa para la seguridad humana” ofrece una base sólida para continuar indagando sobre el tema y las posibilidades de aplicación en Costa Rica, al mismo tiempo, que plantea el gran reto que significa el debate, reflexión y trabajo en comunidad para garantizar un ejercicio verdadero del derecho a la salud y la seguridad para todas y todos.

Estudiante : María Aurelia Bolaños Castro

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"El tratamiento informativo (El caso de la noticia de sucesos sobre niñez y adolescenciaen conflicto con la ley penal divulgada en la prensa escrita)"

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo de investigación analiza la situación del tratamiento informativo del delito en Costa Rica a partir de la noticia de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal y publicada por los medios de comunicación escrita.

El objetivo primordial de la investigación es realizar un estudio que describa y analice el respeto o violación a los derechos de los niños, niñas y los(as) adolescentes en conflicto con la ley penal cuando son fuente de consulta periodística y plasmados en la divulgación de informaciones noticiosas aparecidas en la sección de sucesos de los periódicos costarricenses, dentro del contexto del fenómeno de la criminalidad en el país.

Por la naturaleza del trabajo, una de las principales fuentes de información son los periodistas, quienes ofrecen al público una cobertura de la noticia de niñez y adolescencia involucradas en el campo de los sucesos, así también como una muestra representativa de las publicaciones. 

Para tal efecto, se tomó el criterio de 25 comunicadores que laboran en los medios de prensa escrita y un total de 107 notas en un espacio de seis meses, de lunes a domingo, en el periodo comprendido entre el 13 de mayo del 2008 y el 13 de noviembre del 2008.

En el caso concreto de las entrevistas se evaluó, en mayor medida, el grado de conocimiento que tienen los periodistas de la legislación en materia de protección de los derechos de la población menor de edad y la percepción del cumplimiento o no al momento del abordaje informativo en las noticias.

Por otro lado, el análisis de las notas tuvo como pretensión, conocer realmente si los datos que se brindan al lector por parte de los medios escritos, contienen elementos que violentan o respetan los derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal y, con ello, emitir recomendaciones que sirvan para un tratamiento periodístico acorde no solo con la legislación sino también con la necesidad de que esta población reciba un trato no discriminatorio cuando se convierte en fuente de información periodística dentro del contexto del fenómeno de la criminalidad.

Luego del análisis de las variables se pudo determinar que, a pesar de que los periodistas conocen la leyes que protegen a la niñez y adolescencia, existe una práctica periodística de revelar los datos personales de esta población autora o víctima de un hecho delictivo, que permite su clara identificación por parte del público consumidor del periódico y con ello, violenta no solo sus derechos como persona sino también lo estigmatiza y lo condena socialmente casi para toda la vida. Igualmente queda en evidencia que la persona menor de edad víctima de un delito es más susceptible de sufrir la revictimización que una persona menor de edad autora de un delito,pues en el estudio se refleja una sobreexplotación informativa del incidente,muchas veces, con lujos de detalles.

Llamó poderosamente la atención que los periodistas consultados, a pesar de que indican conocer la legislación que protegen estos derechos inherentes a la persona menor de edad, la mayoría sostiene que en la práctica los medios de prensa escrita violentan su imagen e identidad. 

Debe resaltarse en este aspecto, el voto de la Sala IV 009921-2009, donde el máxime órgano constitucional del país asume su más agresiva posición enaras de la tutela de la imagen y de los derechos de las personas menores de edad sometidos a un proceso penal.

Aquí retoma la posición de que no es dable permitir que las personas menores de edad sean mostrados ante terceros, como por ejemplo, a través de un medio de comunicación, para que sean juzgados y se les contextualice en aras de lograr su identificación, pues la protección de la imagen y de la identidad de un menor sometido a un proceso penal no implica solo la protección de su rostro sino que exige a todas las autoridades del Estado a realizar los esfuerzos a su alcance para que no se pueda, a través de la agregación y cotejo de diversos datos, llegar a la plena identificación de la persona menor de edad enjuiciada.

Estas situaciones motivaron que en el presente trabajo se hicieran recomendaciones puntuales a los periodistas que abordan estas informaciones, para que cuando en una noticia esté involucrado un niño, una niña o un adolescente como autor, víctima o testigo de un hecho delictivo, desde las instituciones públicas encargadas de divulgar o proteger los derechos de estas personas, se pueda hacer conciencia entre los profesionales de la comunicación, la necesidad de que no se ofrezcan elementos informativos a la población que permita la identificación de estos niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. 

Es decir, traspasar la frontera de ofrecer al público la “noticia roja” para pasar realmente a un responsable periodismo judicial.

La recomendación no solo contempla la capacitación frecuente de los periodistas a través de talleres informativos/educativos, sino también la creación de una agenda telefónica de especialistas en el abordaje de estos hechos e incluso, la elaboración de cintillos1 en los comunicados de prensa donde se recuerde la obligatoriedad de que la imagen y cualquier otro dato.

La definición del concepto“Cintillo” en el lenguaje periodístico significa un mensaje de texto que se incluye en un comunicado de prensa institucional para destacar un recordatorio o recomendación sobre un determinado tema, el cual generalmente es colocado en la parte superior del boletín para llamar la atención al periodista que permita el reconocimiento de esta población está expresamente prohibida. 

Asimismo las implicaciones que representa para la persona menor de edad el ser exhibida públicamente a través de los medios de comunicación escrita.

Estudiante : Ahmed Tabash Blanco

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La Educación para la Paz como Política de Estado enfocada en la Seguridad Humana: el caso de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención violencia

Resumen Ejecutivo

Considerando que el reto en la actualidad es encontrar la solución al problema de la inseguridad ciudadana, se estudió el Programa de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención de la delincuencia, el cual fue uno de los componentes del Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Justicia durante el período 2006- 2010 con el propósito de determinar si respeta los postulados de derechos humanos que se necesitan para alcanzar la educación para la paz.

El Objetivo General ha sido analizar las políticas enfocadas a las Seguridad Humana contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Justicia, específicamente en la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Delincuencia para identificar el tipo de enfoque que se proyecta a la juventud costarricense hacia la resolución no violenta de conflictos. 

Para ello, se establecieron como objetivos específicos, exponer una metodología enfocada en Derechos Humanos como medio de prevenir los delitos causados por el abordaje violento de los conflictos; describir el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Justicia enfocado a la Seguridad Humana con sus componentes y estrategias y analizar la labor que ha tenido la Red Nacional de Jóvenes durante el último año para la Prevención de la violencia dentro de la sociedad costarricense.

El análisis de la Red Nacional de Jóvenes para la prevención del delito se realizó con base en la metodología enfocada en Derechos Humanos expuesta, en la que se consideraba importante tener como pilares fundamentales acciones tendientes a enseñar a las niñas, niños y jóvenes, mecanismos para el autocontrol, resolución alterna de conflictos y derechos humanos para la construcción de una cultura de paz, con el fin de determinar si el Plan que llevó a cabo contaba con los lineamientos estratégicos y tácticos adecuados para poder alcanzar su propósito, tomando en cuenta las facilidades existentes para dichos fines.

Se logró verificar que la labor que ha tenido la Red Nacional de Jóvenes durante el último año ha sido muy buena, logrando capacitar a una gran cantidad de jóvenes pertenecientes a cantones en los cuales las y los habitantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por razones de distanciamiento de brechas sociales y falta de acceso a la educación, el empleo y la salud. 

Se trabajaron contenidos adecuados, para los cuales se tomaron en cuenta las necesidades de cada población meta; sin embargo, existen algunos aspectos que se consideran mejorables en virtud de los cuales se recomendó, entre otras cosas, realizar un diagnóstico que sirva para medir los logros obtenidos; darle continuidad a las acciones que se han venido realizando en materia de prevención; que se destine mayor presupuesto a estas políticas criminales preventivas con el fin de que puedan lograr su cometido en todo el territorio nacional; darle continuidad a programas que requieran la coordinación interinstitucional y propiciar espacios en los cuales se le pueda dar continuidad a los proyectos propuestos por las y los jóvenes para solucionar los problemas por los que se enfrenta su respectiva comunidad.

Estudiante :  Andrea Mora Oreamuno

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IMPORTANCIA DE LA CUSTODIA DEL ESCENARIO DE MUERTE EN CASOS DE HOMICIDIOS DOLOSOS Y LA RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA GAM

Introducción

Experiencias de orden personal, laboral y académico han interactuado y motivado la escogencia del tema de esta investigación.

El profesionalismo y la especialización de las autoridades encargadas de atender los Sitios de Suceso en homicidios dolosos, ha venido mejorado,desde el abordaje junto con la administración y proceso de las evidencias.

Es oportuno indicar que tiempo atrás no se daba la importancia requerida y necesaria para la atención del Sitio del Suceso donde ocurría un hecho delictivo, indiferentemente del delito que se tratara.

La presente investigación, se centra en la importancia de la custodia del Sitio de Suceso, donde ha ocurrido un Homicidio Doloso, delito considerado como el más grave por atentar contra la Vida Humana.

La investigación de un Homicidio Doloso normalmente es compleja, consta de varias etapas siendo la primera de estas el trabajo en el Sitio del Suceso que inicia con la verificación de la comisión del hecho y custodia del escenario de muerte, continuando con la primera inspección ocular, así como la recolección de indicios y manejo de lasevidencias. Sin embargo; la ausencia de protocolos, personal con poca experiencia, la falta al debido proceso y los Derechos humanos de personas relacionadas directa o indirectamente con el hecho delictivo; han sido prácticas frecuentes, reincidentes y aceptadas.

La importancia del Sitio del Suceso, se fundamenta en que es el punto de partida para la investigación policial, es donde se obtienen las primeras informaciones e indicios para el esclarecimiento del hecho. Por lo que, de los errores cometidos por quienes lo atienden, sería consecuentemente el irrespeto a los derechos de la víctima, al debido proceso. Por lo tanto los errores que se cometan en este proceso de la investigación, pueden generar en una distorsión del debido proceso, y en un irrespeto a los derechos de la víctima.

En Costa Rica desde la década de los años setenta, comienza a tomar relevancia los fundamentos de la investigación científica, los responsables del esclarecimiento de los hechos delictivos comienzan a introducir cambios con esa orientación. Como parte de estos cambios importantes se elimina la Dirección de Investigaciones Criminales conocida como la D.I.C, órgano o dependencia encargada de investigar los delitos en nuestro país.

A partir del 12 de diciembre del 1973 bajo el auspicio de la Ley de la República N° 5229 nació a la vida jurídica, el Organismo de Investigación Judicial, institución encargada de auxiliar al Ministerio Público, en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables.

Gracias a los cambios anteriormente mencionados, el abordaje y manejo del sitio del suceso, a cargo de instituciones encargadas del Control Social Formal, que tienen dentro de sus funciones el administrar el Sitio de Suceso, además de ocuparse de la investigación criminal, ya no desde la perspectiva excluyente de los Derechos Humanos, sino de la necesidad de una política de investigación esquematizada, de la mano de los Derechos Humanos Universales, ratificados por nuestro país indiferentemente del lugar en el que se encuentre el ciudadano, ya sea víctima, sospechoso o testigo.

nte este panorama surge la iniciativa de realizar esta investigación, y emitir algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la administración del Sitio del Suceso, estableciendo la importancia de una adecuada custodia delmismo, en delitos de Homicidio Doloso, para así poder brindar aportes que ayuden a mejorar la custodia y abordaje del lugar donde ha ocurrido un crimen; ya que dentro de este lugar como lo indica Barry Fischer en su libro técnicas de investigación en la escena del crimen:

“For complex Systems to work, teamwork is of the utmosttimportance. Each element of the criminal investigation,- theuniformed officer, the detective, the crime scene specialist, theforensic scientist, the coroner, the forensic pathologist, the photographer, the prosecutor, and all the other vital players in the“system” – have to work cooperatively to make the entire processwork” (Fisher, 2000,20) Por lo tanto, indiferentemente de la tarea que tenga asignada, ya sea elinvestigador, el patólogo forense, el fotógrafo, o el oficial uniformado, además de todas la demás personas que intervengan en la investigación, todos deben colaborar y trabajar en equipo, para poder llegar a un objetivo común, como es el esclarecimiento de un crimen, de forma transparente, de la mano de la ciencia forense, con el aporte de profesionales de los diferentes campos, todos bajo un manto de los derechos humanos, respetando el debido proceso

Estudiante: Christian  Quesada  Marín 


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http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMCSH12.pdf