RESUMEN EJECUTIVO
En la presente Investigación documental, se recopila datos existentes a través de criterios doctrinales de autores nacionales e internacionales reconocidos, con el principal objetivo de analizar la seguridad ciudadana a través de su concepto y del reconocimiento de los derechos y garantías a las víctimas, ya que el problema de inseguridad tiene que ver con una serie de factores económicos, sociales y políticos, que inciden en el quebranto de la seguridad ciudadana en nuestro país.
Asimismo es necesario determinar y analizar los derechos y deberes de las víctimas dentro de un proceso penal y la Ley de Protección de Víctimas y Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.
Comprende este estudio, que el derecho a la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo pleno de la Democracia, y es el Estado el encargado de brindar a sus habitantes un libre ejercicio de todos sus derechos.
La seguridad es un derecho de cada persona, que se traduce en la protección ante actos que atentan contra sus derechos individuales y colectivos.
El problema de la inseguridad ciudadana afecta el entorno social, producto del crecimiento de la delincuencia y hechos violentos lo que ha generado no solo el miedo de la ciudadanía, sino también la desconfianza en el sistema judicial para resolver los problemas.
La inseguridad es un problema de percepción de los ciudadanos, ya que se ha manejado como una alarma incentivada por los medios de comunicación y políticos de turno, basados en información que no se ajusta a la realidad mediante cifras no reales con el único fin de infundir temor en los ciudadanos costarricenses, para justificar medidas represivas.
La represión aplicada a través de las leyes no necesariamente cumplen el objetivo de disminuir la criminalidad, ya que los políticos ceden ante la reacción social, sin un estudio adecuado que determine si las leyes aprobadas se adecuan a la población costarricense o al momento social que se vive.
Aunado a que los ciudadanos afrontan la problemática de inseguridad asociada a factores sociales y económicos que limitan su desarrollo pleno, como drogas, deserción escolar, desintegración familiar, desempleo, pobreza, entre otros.
En vista de lo anterior, se ha recurrido a la creación de leyes, reformas legales, políticas criminales de índole punitivas, para afrontar la inseguridad.
Ejemplo de ello es la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, ley número 8720.
Esta ley regula los derechos y garantías de las víctimas, así como las medidas de protección procesal o extraprocesal, que permiten el acceso a la justicia y su debida protección ante un riesgo para su vida, su integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso.
Por lo anterior, la presente investigación permite analizar el concepto de seguridad, conocer las razones por las cuales la seguridad ciudadana se ha visto afectada en la actualidad, de la misma manera se analizan los derechos de las víctimas en la ley número 8720 y en la legislación procesal.
Lo anterior ha permitido poder llegar a varias conclusiones de importancia, entre ellas se debe indicar que la seguridad debe formar parte de una política integral de protección y satisfacción de todos los derechos humanos fundamentales y procesales que le permitan a la víctima acceder al sistema de justicia.
Por otra parte, la ley 8720 tutela derechos y garantías de las víctimas, pero no disminuye los índices de criminalidad de la sociedad costarricense, ya que el Estado ha recurrido a políticas implementadas de mano dura o cero tolerancia, en lugar de acudir a políticas sociales que ayuden a disminuir la violencia mediante la prevención del delito.
Asimismo se debe indicar que la aplicación de la ley número 8720 le corresponde al Ministerio Público, mediante la Oficina de Atención a la víctima del delito, disposición que no es la correcta por cuanto además de proteger a las víctimas, se pretende que se encargue de la protección de los imputados, en los supuestos en que este se encuentre bajo riesgo.
En ese sentido se apunta que se requiere una reforma legal, donde la responsabilidad de este tipo de acciones a cargo de otro ente estatal.
En definitiva, la Ley número 8720 en la actualidad es un medio legal con que cuentan los operadores del derecho para proteger a las víctimas y testigos, sin embargo hasta el momento no ha sido posible ver sus resultados en cuanto a la disminución de la violencia y por ende en la comisión de delitos.
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